En las horas fragorosas de la toma, dominadas por la sorpresa y el desconcierto, las concejales opositoras Leticia González y Verónica Beresiarte buscaron descomprimir la situación. Se embarcaron en una gestión de buenos oficios para que se produjera un desalojo pacífico del recinto. “Si sigue la toma es difícil hablar”, les advirtieron a los manifestantes. El Gobierno, con cierta mezquindad, nunca les reconoció el esfuerzo.
Hubo oficialistas que argumentaron por lo bajo los motivos de aquella indiferencia. Apuntaron al vínculo que las ediles tienen con algunas agrupaciones. “Durante la toma hubo concejales que mantenían contacto permanente con gente de adentro del recinto. No tenemos claro si la intervención en el conflicto fue un aporte genuino o una intención de hacer política con esos grupos”, cuestionaron. Según la lectura oficialista, haber tomado contacto con algunos de los protagonistas de la medida de fuerza es haber sido, en parte, cómplice.
Las discrepancias habían nacido antes. González, Beresiarte y otros ediles se espantaron cuando escucharon la intención primigenia del presidente del Concejo, Marcelo Artime, de que la policía identificara a cada uno de los que había ocupado al recinto. “¿No se daba cuenta de que eso era sumarle más violencia a la violencia?”, se preguntaron. No fueron las únicas que recorrieron ese razonamiento.
Fuente Diario El Atlántico
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