De hechos concretos, trabajo e ideas con compromiso
La participación activa en la ley provincial de Protección de la infancia, las dos jornadas de debate en el colegio de abogados y en la facultad de Derecho con funcionarios de la justicia y funcionarios del área de niñez provincial debatiendo esta ley antes de su sanción, las gestiones para que Mar del Plata cuente con fondos para reducir la desocupación, para que se abran los centros de niñez, para que se designen en nuestro Departamento judicial con carácter prioritario en la Provincia de Buenos Aires los defensores, fiscales y jueces del nuevos sistema de justicia para niños en conflicto con la ley, el trabajo con operadores, funcionarios , trabajadores y jueces del sistema de protección de niñez– en forma conjunta – con la intención de consensuar políticas y adecuar el nuevo sistema, la votación de la ley de excarcelacion adecuándola a lo solicitado por la Propia corte Suprema , el proyecto de ley y sanción que propone la integracion al sistema formal de los centros de cuidado infantil, la participación en la sancion de la ley de creación del Programa Nacional de Educación para la prevención de Adicciones, son actividades y hechos en los que participé como legisladora provincial y nacional en los últimos tres años y que tal vez responda a las inquietudes manifestadas el día domingo en ese diario.
Seguramente sean hechos que al no ser mediatizados no sean conocidos para el que se acerca a la problemática a partir de un hecho, pero que existen y forman parte de mi actividad como legisladora . Es también seguro que por si solo sean insuficientes, y tal vez lo sean porque circunscribir el problema de la seguridad a la legislación forma parte de un pensamiento mágico que ante una tragedia evita analizar en profundidad un fenómeno que supera lo normativo y que tiene - como cualquier bienintencionado lo sabe – orígenes, causas y soluciones mucho mas complejas.
Poder atacar las causas reales, con políticas integradoras e integradas, que no conlleven a la perdida de libertades civiles ni a favorecer los intereses que muchas veces se esconden detrás de la palabra “seguridad”, es una tarea que no forma parte exclusivamente de la ley, ni siquiera de las personas que les toca hoy ocupar cargos públicos sino de todos y cada uno de los miembros de esta sociedad, aportando, si se tiene, no solo ideas sino el compromiso de participar y accionar, exponiendose a afrontar todos los riegos que importa enfrentar el tema con responsabilidad.
Los que tratan de aportar lo saben. Los funcionarios, los comerciantes, los jueces, los fiscales, los policías, los vecinos, y todos aquellos que se comprometen y que se ven señalados ante cada hecho trágico y que luego vuelven a quedar solos ante la responsabilidad diaria, pero que pese a todo no cesan en una tarea que, como todos sabemos, opera con un emergente social complejo, que requiere de mucho mas de una vision normativista o policial del tema, que ademas ya se ha demostrado incapaz para modificar por si sola la complicada trama de la sociedad argentina que da origen a la violencia social.
La participación activa en la ley provincial de Protección de la infancia, las dos jornadas de debate en el colegio de abogados y en la facultad de Derecho con funcionarios de la justicia y funcionarios del área de niñez provincial debatiendo esta ley antes de su sanción, las gestiones para que Mar del Plata cuente con fondos para reducir la desocupación, para que se abran los centros de niñez, para que se designen en nuestro Departamento judicial con carácter prioritario en la Provincia de Buenos Aires los defensores, fiscales y jueces del nuevos sistema de justicia para niños en conflicto con la ley, el trabajo con operadores, funcionarios , trabajadores y jueces del sistema de protección de niñez– en forma conjunta – con la intención de consensuar políticas y adecuar el nuevo sistema, la votación de la ley de excarcelacion adecuándola a lo solicitado por la Propia corte Suprema , el proyecto de ley y sanción que propone la integracion al sistema formal de los centros de cuidado infantil, la participación en la sancion de la ley de creación del Programa Nacional de Educación para la prevención de Adicciones, son actividades y hechos en los que participé como legisladora provincial y nacional en los últimos tres años y que tal vez responda a las inquietudes manifestadas el día domingo en ese diario.
Seguramente sean hechos que al no ser mediatizados no sean conocidos para el que se acerca a la problemática a partir de un hecho, pero que existen y forman parte de mi actividad como legisladora . Es también seguro que por si solo sean insuficientes, y tal vez lo sean porque circunscribir el problema de la seguridad a la legislación forma parte de un pensamiento mágico que ante una tragedia evita analizar en profundidad un fenómeno que supera lo normativo y que tiene - como cualquier bienintencionado lo sabe – orígenes, causas y soluciones mucho mas complejas.
Poder atacar las causas reales, con políticas integradoras e integradas, que no conlleven a la perdida de libertades civiles ni a favorecer los intereses que muchas veces se esconden detrás de la palabra “seguridad”, es una tarea que no forma parte exclusivamente de la ley, ni siquiera de las personas que les toca hoy ocupar cargos públicos sino de todos y cada uno de los miembros de esta sociedad, aportando, si se tiene, no solo ideas sino el compromiso de participar y accionar, exponiendose a afrontar todos los riegos que importa enfrentar el tema con responsabilidad.
Los que tratan de aportar lo saben. Los funcionarios, los comerciantes, los jueces, los fiscales, los policías, los vecinos, y todos aquellos que se comprometen y que se ven señalados ante cada hecho trágico y que luego vuelven a quedar solos ante la responsabilidad diaria, pero que pese a todo no cesan en una tarea que, como todos sabemos, opera con un emergente social complejo, que requiere de mucho mas de una vision normativista o policial del tema, que ademas ya se ha demostrado incapaz para modificar por si sola la complicada trama de la sociedad argentina que da origen a la violencia social.
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